La Defensa Pública santiagueña, que hasta el mes de Octubre del año 2016 estuvo en
cabeza del Sr. Fiscal General de la provincia, estaba estructurada bajo el modelo clásico de la Defensa Oficial de Pobres, Menores y Ausentes, con un sistema organizativo absolutamente rígido y segmentado, conformado en espejo del modelo de la judicatura y/o de la fiscalía, tanto en materia penal como en materia civil.
Se evidenciaba, en la circunscripción Capital, un modelo organizativo en donde la
distribución de los casos se hacían por “turnos”, con estructuras administrativas rígidas y
autónomas, con mesas de entradas propias e individuales y una dotación de magistrados,
funcionarios y empleados, que cumplían la tarea específica de su Defensoría (sin interesarles lo que acontece en las demás) y en la mayoría de los casos, trabajando “a reglamento”.
La situación en las circunscripciones del interior de la provincia era aun más caótica, pues
la mayoría de las Defensorías debían “dividir” a sus Magistrados y agentes, asignando tareas en lo Civil y de Familia a unos y Penales a los otros, pues su competencia es “multifuero”.Por otro lado, los Sres. Magistrados deben “mutar” su rol de acuerdo a lo que exige cada caso concreto en que son “convidados” a prestar sus servicios.
Actuaban, en ocasiones, como Defensores en lo Penal Juvenil y/o se constituían como
Representantes Promiscuos (Ministerio Pupilar) para casos en donde aparecían presuntamente vulnerados los derechos de niños, niñas, adolescentes e incapaces.
Se sumaba a lo brevemente reseñado, la existencia de una sola estructura orgánica y
presupuestaria destinada al manejo operativo de ambos Ministerios.
La realidad me imponía refundar al Ministerio Público de la Defensa decidiendo
políticas y fijando objetivos, en procura de dar los primeros pasos hacia la meta de constituirnos como servidores públicos de todos aquellos requirentes de nuestro servicio, creando todas las áreas de apoyo, de superintendencia y administrativas para dar comienzo a mi gestión.
El punto de partida fue fijar un objetivo teleológico de alcance general al que con un
trabajo serio, constante y sobre todo en equipo, se convierta en una realidad posible de alcanzar.
“Transformar la cultura institucional de tipo burocrática y avanzar definitivamente hacia la
instauración de un “nuevo” modelo organizativo para la defensa pública oficial de la provincia de
Santiago del Estero, con capacidad de brindar un servicio pro activo y eficaz tanto para los usuarios internos
(Empleados, Funcionarios y Magistrados) como para los externos (requirentes del servicio)
garantizando el acceso libre e irrestricto de todos a la Administración de Justicia”.
