El MPD capacitó a sus integrantes en materia de Género y Defensa Pública
15/11/19 El Ministerio Público de la Defensa organizó un Curso-Taller denominado “Defensa Eficaz y Género” dictado por la Dra. Indiana Guereño, presidenta de las Asociación Pensamiento Penal. Asistieron al mismo Defensores/as, abogados/as y e integrantes del Gabinete Interdisciplinario, tanto de capital como del interior. Dicho encuentro abordó las estrategias que pueden tenerse respecto a las malas prácticas en los tratamientos de causas penales en torno a mujeres y personas trans. En la misma se refirieron a los principios de Yogyakarta como una herramienta para la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, y a la ley pionera de identidad de género que existe en Argentina.
La Dra. Guereño hizo énfasis en las mujeres y la relación que mantienen con el sistema penal, (en donde estadísticamente la mayoría de quienes ingresan y quienes juzgan son varones), indicando que la manera de juzgarlas atraviesa el país, es decir, no tiene que ver con la zona geográfica donde sucede, sino con una determinada manera de ver y hacer las cosas dentro del sistema penal, que en muchas ocasiones perjudica el ejercicio de sus derechos. La disertante especificó que “las malas prácticas en torno a las mujeres es la incorporación al proceso penal de información que no tiene nada que ver con el hecho en sí, sino que los procesos penales dirigidos contra mujeres giran en torno a prejuicios morales todo el tiempo [...] Se hace foco en lo que se cree que esa mujer tendría que ser o cómo debería comportarse, en su forma de presentarse, de vestir y no en los hechos, cuando el sistema penal lo que juzga son los hechos”, por lo tanto lo que sucede es que se termina con una suma de expedientes que van construyendo una historia de culpabilidad basada en opiniones que es muy difícil después de refutar.
La Dra. Guereño indicó que en el análisis que se realiza desde el observatorio de APP “vamos encontrando que en los expedientes hay actos u omisiones de quienes trabajamos en el Sistema Penal que sin querer afecta el ejercicio de derechos. Remarco esto del ‘sin querer’, que es lo más grave, porque a diario vamos reproduciendo maneras de trabajar y en el ajetreo no nos damos cuenta que ejercemos prácticas que obstaculizan el ejercicio de derechos, como cuando privilegiamos la forma por sobre el fondo. Que esté bien escrito en términos judiciales no significa que se esté trabajando de manera correcta la situación en concreto.” En relación a ello indicó que “hay una distancia enorme entre quien juzga y la persona imputada, sobre todo cuando son mujeres, porque hay diferencias en trayectorias de vida, imagínense que la mayoría de las mujeres que ingresas al Sistema Penal son mujeres en condición de vulnerabilidad. Estadísticamente son mujeres de familia monoparentales a cargo de más de 3 hijos/as , están solas, la red de contención que tienen son otras mujeres (madres, hermanas), son el único sostén afectivo y económico, son mujeres que no terminaron los estudios primarios y que en su mayoría nunca ingresaron al trabajo formal y sino que trabajaron de manera informal […] Mientras que por otro lado la persona que juzga tiene una trayectoria completamente distinta, porque pudo estudiar y llegar a ser juez, entonces hay dos idiomas completamente distintos y en choque”.
Para concluir indicó que la Defensa Pública debe siempre velar por la doble situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres dentro del sistema penal, es decir no solo por su condición social, sino que se debe entender que también terminan siendo juzgadas en relación a su condición de género, por lo tanto hay que trabajar con un enfoque que permita ejercer la justicia desde una perspectiva integral.